Fuerza del Pueblo exige al Gobierno que desista de aplicar modalidad de fideicomiso público
En el marco de la controversia originada por el contrato para el fideicomiso público de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, la Fuerza del Pueblo fijo su posición al respecto.
La organización política dijo que es preocupante que el Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) insista en emplear la figura del fideicomiso público para atender múltiples emprendimientos y proyectos de desarrollo y para ejercer funciones que corresponden directamente al Estado Dominicano cuando este esquema de contratación carece de una base regulatoria clara y suficiente en el ordenamiento jurídico.
Para la Fuerza del Pueblo, se trata de un instrumento apenas definido por el reglamento de aplicación de la Ley Núm. 189-11, y que adolece de cualquier desarrollo normativo que ofrezca certidumbre y seguridad jurídica al Estado o a los potenciales inversionistas privados.
“La falta de un ordenamiento jurídico les confiere opacidad a los procesos de configuración y operación de los decenas de fideicomisos públicos que se han establecidos y que se pretenden establecer”, opina.
Sostiene que no existen normas que aseguren, entre otras cosas, la transparencia de los procesos de compras y contrataciones, la regulación de los procesos de endeudamiento, la certeza de que los bienes públicos aportados a los fideicomisos permanecerán en manos del Estado, los mecanismos que permitan la rendición de cuentas y la implementación de auditorías financieras que sirvan de control y fiscalización de los bienes aportados por el Estado.
“En síntesis, tal modalidad de contratación se encuentra huérfana de un auténtico fundamento normativo, y no resulta adecuada para encaminar procesos que impliquen disponer de bienes públicos como los de la termoeléctrica Punta Catalina”, puntualiza.
En consecuencia, la Fuerza del Pueblo (FP) exige al gobierno que desista de aplicar esta modalidad de fideicomiso público hasta que no exista un ordenamiento jurídico que lo regule.
“En el caso específico del contrato de fideicomiso público de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, es evidente que su lectura justifica legítimos temores en relación con la eventual suerte de los bienes que está aportando el Estado, valorados en miles de millones de dólares”, pondera.
La Fuerza del Pueblo precisó que el órgano llamado a tomar decisiones en relación con el manejo del patrimonio del fideicomiso, el denominado ¨Comité Técnico Directivo¨, cuenta con amplísimas facultades que incluyen la posibilidad de sustituir a la Fiduciaria del Reservas (art.21.1 del contrato) así como para procurar financiación a partir de la autorización del endeudamiento del fideicomiso (artículos 5.5 y 15 del contrato) o la eventual incorporación de “fideicomitentes adherentes”, (art.5.8) es decir, de personas que realicen inversiones en el fideicomiso, sin establecerse limitaciones a tal efecto.
“Al no existir reglamentación alguna respecto de tales prerrogativas, es perfectamente posible que dichos bienes puedan eventualmente pasar a manos del sector privado mediante mecanismos que no resultan transparentes”, considera.
Califica de preocupante los artículos 7.15 y 25 del contrato en los que no se especifica la obligación de devolver los bienes entregados al fideicomiso sino solo de los “bienes residuales” por lo que prevé la posibilidad de la disolución del bien y no está garantizada la preservación de Punta Catalina.
Concluye que el convenio propuesto merece un análisis sereno y riguroso, y esto sólo será posible si el Senado de la República convoca a vistas públicas para conocer del contenido de este contrato, donde todos los sectores de la vida nacional puedan expresar sus consideraciones en torno al mismo.
“Fuerza del Pueblo reitera su firme compromiso de defender la integridad del patrimonio público en cualquier circunstancia, y exige al Gobierno mayor transparencia en la articulación de fideicomisos que comprometan los recursos del Estado”, agregó.
